El pasado viernes, 29 de junio, hicimos llegar a los medios de comunicación una nota de prensa poniéndonos a disposición del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el resto de Administraciones competentes para colaborar a raíz de la anulación por parte del TSJC de la Modificación del Plan General Metropolitano de los barrios de Gràcia de Barcelona, contra el que había presentado un recurso. Aquí tienes el texto íntegro:
NOTA DE PRENSA
- La nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya -del 21 de mayo- declara la nulidad de pleno derecho de la modificación del Plan General Metropolitano para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia.
- El TSJC da la razón al recurso interpuesto por las entidades del sector: Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña; Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona; Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida; Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña
- Las entidades remarcan que medidas como el incremento de viviendas asequible o la recuperación del uso residencial deben ser fruto del diálogo con los agentes que deben hacer posible su ejecución, en este caso en los barrios de Gràcia. Este diálogo es imprescindible, en general, en toda Cataluña.
- Cuando las cargas urbanísticas se proyectan sin un adecuado análisis de su viabilidad, el riesgo es generar el efecto contrario al perseguido: frenar la actividad, dificultar la rehabilitación, reducir la inversión y retrasar la recuperación de viviendas.
- Las entidades firmantes reiteran su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalidad de Cataluña y el resto de Administraciones competentes.
Barcelona, 29 de mayo de 2026 – Las entidades representativas del sector inmobiliario que interpusieron el recurso contencioso administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia -Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña; Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona; Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida; Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña- valoran positivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 21 de mayo, que estima el recurso y declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona2 de la Generalitat de 2 aprobar definitivamente esta modificación de planeamiento.
Estas entidades consideran que la resolución pone de manifiesto una cuestión esencial para el futuro de las políticas urbanísticas y de vivienda en Barcelona: «las medidas que persiguen objetivos legítimos, como el incremento de la vivienda asequible o la recuperación del uso residencial, deben ser jurídicamente sólidas, económicamente viables y concebidas desde su diálogo con los agentes que deben hacer posible».
La sentencia analiza, entre otras cuestiones, la insuficiencia del estudio económico y financiero de la MPGM, asumiendo como determinante la pericial judicial practicada en el procedimiento. Esta pericial concluye que diversas medidas previstas en el artículo 9.2 de las normas urbanísticas presentaban pérdidas de rendimiento relevantes y resultaban inviables en supuestos como el cambio de uso de locales comerciales a vivienda protegida o la división de viviendas de más de 160 m2 con imposición parcial de vivienda protegida. En este contexto, la resolución incorpora una afirmación especialmente significativa de la pericial judicial: “La consecuencia de esta MPGM será que, el movimiento económico, la actividad y la recuperación del uso de vivienda seguirán sin despegarse en el barrio de Gracia con las propuestas de esta Modificación de Plan General Metropolitano.”
A partir de estas conclusiones, el Tribunal afirma que es necesario concluir la inviabilidad económica de la MPGM, circunstancia que comporta la estimación del recurso y la nulidad de la modificación urbanística impugnada. Las entidades recurrentes subrayan que la sentencia no cuestiona la necesidad de promover vivienda asequible ni mejorar urbanísticamente los barrios de Gràcia. Por el contrario, pone de manifiesto que estos objetivos sólo pueden alcanzarse con instrumentos normativos realistas, proporcionados y ejecutables. Cuando las cargas urbanísticas se proyectan sin un adecuado análisis de su viabilidad, el riesgo es generar el efecto contrario al perseguido, lo que comporta, frenar la actividad, dificultar la rehabilitación, reducir la inversión y retrasar la recuperación de viviendas.
Las entidades firmantes consideran que la resolución judicial confirma la idea de que «la vivienda asequible no se puede construir contra la viabilidad económica de las actuaciones, sino con reglas equilibradas, seguridad jurídica, corresponsabilidad pública y privada, y un marco estable que permita movilizar suelo, rehabilitar edificios y generar nueva oferta residencial».
La pericial judicial también señala que, según las propuestas de la MPGM, la carga económica de generar vivienda social recaía exclusivamente sobre el promotor privado, agravando el marco normativo existente en el resto de la ciudad, aunque la obligación de hacer vivienda protegida debe ser compartida entre los promotores privados y la Administración pública.
Por este motivo, las entidades reclaman que las futuras modificaciones de planeamiento incorporen, desde el inicio, un riguroso análisis de viabilidad económica y un reparto equilibrado de las cargas entre sector público y sector privado.
También consideran imprescindible abrir espacios reales de diálogo con el sector inmobiliario, propiedad, promotores, administradores de fincas y profesionales de la intermediación, con el objetivo de diseñar políticas urbanísticas que no sólo respondan a fines de interés general, sino que sean efectivamente aplicables.
Las entidades firmantes reiteran su disposición a colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el resto de administraciones competentes para impulsar un urbanismo orientado a resultados que permita mayor rehabilitación, más actividad, más seguridad jurídica y más vivienda disponible, frente al déficit estructural que arrastramos. Barcelona necesita instrumentos que activen la ciudad, no medidas que, pese a su finalidad declarada, acaben paralizando la transformación urbana y la recuperación del parque residencial.
Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña.
Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona.
Colegio de Administradores de Fincas Barcelona-Lleida.
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia.
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.
