NOTA DE PRENSA
- Las entidades firmantes consideran que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias evidencia que la proposición de ley presenta vulneraciones constitucionales y estatutarias de gran trascendencia.
- El sector considera que un pronunciamiento de esta contundencia jurídica debería comportar la retirada de la iniciativa y la apertura de un proceso de reflexión para impulsar medidas eficaces y jurídicamente sólidas para afrontar el problema de la vivienda.
- Las entidades reiteran la necesidad de impulsar políticas que incrementen la oferta de vivienda con seguridad jurídica y dentro del marco constitucional y estatutario.
Barcelona, 5 de agosto de 2026.- El sector inmobiliario catalán considera que el dictamen emitido por el Consejo de Garantías Estatutarias sobre la proposición de ley para limitar la compra especulativa de viviendas pone de manifiesto la inviabilidad jurídica de la iniciativa y pide que se retire su tramitación parlamentaria.
Las entidades firmantes entienden que el pronunciamiento del máximo órgano consultivo de la Generalidad en materia de adecuación de las leyes a la Constitución y al Estatuto es de una contundencia jurídica excepcional, puesto que no se limita a formular observaciones puntuales, sino que cuestiona los elementos esenciales sobre los que se sustenta la proposición de ley.
En concreto, el dictamen concluye que la iniciativa, además de carecer de encaje constitucional, limita de forma desproporcionada el derecho de propiedad y la libertad de empresa, genera inseguridad jurídica y, además, considera inadecuada su tramitación por el procedimiento de lectura única.
Las entidades firmantes recuerdan que, desde el inicio de la tramitación de la proposición de ley, han advertido reiteradamente de las dudas jurídicas que planteaba la iniciativa y de los efectos negativos que podía acarrear sobre la seguridad jurídica y la oferta de vivienda. En este sentido, diversas organizaciones del sector han elaborado y presentado estudios e informes técnicos que ya apuntaban en esa misma dirección. El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias refuerza ahora estas advertencias con un análisis jurídico de especial relevancia institucional.
Ante estas conclusiones, el sector inmobiliario considera que mantener la tramitación de la proposición de ley no contribuiría a reforzar la confianza en el marco regulador ni aportar las soluciones que necesita el mercado de la vivienda. Por este motivo, insta a los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comuns a actuar con responsabilidad institucional y retirar la iniciativa.
Las entidades recuerdan que la crisis de la vivienda requiere de medidas eficaces, estables y respetuosas con el marco constitucional y estatutario. En este sentido, reiteran que cualquier reforma legislativa debe aportar seguridad jurídica, favorecer la colaboración público-privada e incentivar el incremento de la oferta de vivienda, principal reto estructural que afronta Cataluña.
El sector inmobiliario catalán manifiesta, una vez más, su voluntad de colaborar con las administraciones públicas en la definición de políticas de vivienda que contribuyan a mejorar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna, desde el respeto al marco jurídico vigente y con soluciones que generen confianza, estabilidad y resultados efectivos.
Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC)
Asociación de Promotores de Cataluña (APCE)
Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida
Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña
Consejo Oficial de Colegios de Agentes Inmobiliarios de Cataluña
